*Apiqroo fungía como tercero interesado en un juicio que sostenían CALICA y la SCT
*La dependencia estatal se sujeta a la legalidad
Chetumal. – La Directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña, informó que en diciembre del 2017 fue notificada por la Dirección General de Puertos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había resuelto en definitiva el amparo en revisión relacionado con el juicio de nulidad promovido por CALICA en contra de la Modificación al Título de Concesión de APIQROO realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2007.
El juicio de nulidad se resolvió por la Sala Superior del ahora denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual consideró que dicha Modificación al Título de Concesión se traslapaba con parte de dos concesiones que tiene CALICA para usar, explotar y aprovechar áreas de zona federal marítimo terrestre (Zofemat).
Es importante clarificar que en el juicio mencionado se estableció que CALICA no tiene facultades para cobrar la tarifa de puerto pues ello compete exclusivamente a la federación o a los administradores portuarios como la APIQROO.
En virtud de lo anterior la SCT emitió un nuevo título de concesión a CALICA y delimitó nuevamente el recinto portuario sin traslapar las concesiones de Zofemat de CALICA, y quedándose la SCT como administradora directa de la terminal pública.
En virtud de que la SCT no ha vuelto asignar la terminal pública a la APIQROO, le notificó a ésta en diciembre de 2017 que dejara de cobrar la tarifa de puerto, pues precisamente es la SCT la que realiza dicho cobro en tanto no se reasigne a la APIQROO la terminal pública mediante la expedición de una nueva modificación a su título de concesión.
La directora de la API indicó que el proceso legal que sostenía CALICA en contra de la SCT data de 2007, en donde la SCT emitió un addendum para entregar dicha concesión a APIQROO, por lo que fungió como tercero interesado en el conflicto.
Ricalde Magaña afirmó que una de las premisas del gobernador es actuar estrictamente apegados a la legalidad, por lo que el fallo de un tribunal, sobre todo en un juicio que no promovió APIQROO ni en contra de la misma, se atiende de manera inmediata.
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