*Sesión Ordinaria del Subcomité Especial del COPLADE
*Respeto pleno a las garantías de los quintanarroenses
Chetumal.- Con la generación de acciones que permitan no sólo la atención, sino soluciones eficaces e inclusivas para la emergencia sanitaria, el Gobierno de Quintana Roo promueve el respeto a los derechos humanos de los quintanarroenses.
Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Derechos Humanos de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), sus integrantes acordaron fortalecer el Programa Especial de Derechos Humanos bajo las medidas establecidas por el sector salud, derivado de la contingencia sanitaria Covid-19.
También aprobaron, por unanimidad de votos, la Presentación de la Cartera de Proyectos Susceptibles a Financiamiento como parte de la preparación de la programación de presupuesto para año 2021.
El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia, que presidió la sesión, destacó que la administración del gobernador Carlos Joaquín ha prevenido que la alerta sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos.
“En el Estado nos hemos comprometido a que se hagan valer los derechos humanos, componente esencial de la gobernabilidad, es una premisa, tanto del Gobernador como del Secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo”, dijo.
Entre las líneas de acción abordadas con las autoridades presentes, se encuentra la atención y seguimiento al Modelo con Derecho a la Ciudad, coordinando acciones con municipios para coadyuvar y contribuir a su fortalecimiento, así como la elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos.
Antonio Prado Laguardia destacó que en Quintana Roo, la defensa y respeto a los derechos humanos es una tarea permanente, que se robustece en crisis como las que actualmente se atraviesa en el plano internacional.
Lo anterior deja claro que, independientemente de la pandemia por el Covid-19, existe el compromiso de todos los servidores públicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la Ley.
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