*El secretario de la Contraloría del Estado presentó los resultados obtenidos en los proyectos que fue líder durante 2019
*La Región Sureste a la que pertenece Quintana Roo se encargó de realizar un Plan de Auditorías
Ciudad de México.- Participa Quintana Roo en la Primera Reunión Plenaria 2020 de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación en la Ciudad de México donde se definió el Plan Anual de Trabajo que seguirá este grupo colegiado.
El secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Rafael Antonio Del Pozo Dergal, en su carácter de coordinador de la Región Sureste presentó los resultados obtenidos en los proyectos que fue líder durante 2019.
Los proyectos en los que trabajó Quintana Roo fueron el dar seguimiento en las 32 entidades federativas, al Mapa de Fiscalización por Auditorías practicadas en el ejercicio 2019 y como resultado presentó un informe estadístico del cumplimientos de las entidades; y elaborar un procedimientos de planeación de Auditorías a los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos, para lo cual presentó una Guía Estandarizada para la Planeación de Auditorías y sus formatos, mismos que se encuentran en etapa de revisión y validación por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Esta reunión plenaria fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesterros y el coordinador nacional de la CPCEF y titular de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro.
En su mensaje de bienvenida, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros hizo un llamado a los Contralores de México para seguir colaborando de la mano con la Secretaría de la Función Pública en cada uno de los grupos de trabajo que existen en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
La Comisión Permanente de Contralores Estados Federación tiene como uno de sus objetivos la vinculación entre los Órganos de Control del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, para incentivar la modernización, evaluación, vigilancia y control en el manejo y aplicación de los recursos públicos para hacer frente a los nuevos retos y obligaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, de manera organizada hacia el logro de objetivos comunes en busca del beneficio colectivo, logrando con esto fortalecer la fiscalización, el control, la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
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