• Sedaru reitera que habrá atención pareja para los productores para privilegiar la paz social
• Gobierno de Quintana Roo está cerca de los ejidatarios para gestionar ante Agroasemex una justa solución
Chetumal. – La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural señala que proteger los intereses de los campesinos del estado para más y mejores oportunidades de bienestar y el de sus familias es objetivo del Gobernador Carlos Joaquín, razón por la cual esta Secretaría reitera el compromiso con los ejidatarios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto para que juntos, con acciones de fondo, encuentren una solución justa del seguro de siniestro agropecuario.
Asimismo señala que este lunes 2 de enero iniciará el pago del seguro catastrófico a los 35 ejidos de José María Morelos que resultaron beneficiados por un monto de 10 millones 350 mil pesos. El Gobierno de Quintana Roo mantendrá el diálogo abierto con todos los sectores productivos, en un marco de respeto y cordura, en donde se privilegie la paz social del campo quintanarroense.
Haciendo un resumen de los acontecimientos, desde el pasado 26 de diciembre un grupo de aproximadamente 500 ejidatarios del municipio de José María Morelos, manifestaron públicamente su inconformidad con la empresa AGROASEMEX, por el resultado del dictamen del Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC).
De forma inmediata el Gobernador Carlos Joaquín ordena al titular de la SEDARU, Pedro Pérez Díaz, y a funcionarios de su gabinete a dialogar con los ejidatarios y con la empresa aseguradora para encontrar una solución justa para todos.
Hasta el momento se han llevado a cabo varias reuniones con los ejidatarios, lográndose el acuerdo de que el próximo 5 de enero la empresa AGROASEMEX se reunirá con los agricultores para resolver cualquier duda sobre la evaluación de las cosechas.
Durante una conferencia de prensa, el Secretario de Gobierno Francisco López Mena, aseguró que la empresa AGROASEMEX es la responsable única de emitir el dictamen de siniestralidad. “Ni el Gobierno del Estado, ni la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), ni ninguna otra dependencia está facultada para determinar dicha siniestralidad”.
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