El pasado viernes 9 de diciembre, en la Casa de Gobierno de la ciudad de Cancún, la titular de la CEAVEQROO, Mtra. Karla Rivero González, participó en una reunión de trabajo a la que asistieron el Gobernador del Estado, C.P. Carlos Joaquín González, el Secretario de Gobierno, Lic. Francisco Xavier López Mena y el Mtro.
Adrián Franco Zevada, Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV). La reunión tuvo como objetivo acordar acciones, por parte de la CEAV, para implementar el proyecto Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) para el fortalecimiento de la Asesoría Jurídica de Víctimas en las entidades federativas.
A decir del servidor público de la CEAV, dicho proyecto busca contribuir a la superación de las dificultades que enfrentan las entidades federativas para garantizar el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas y su debida representación en el proceso penal. El organismo federal refiere que la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen y definen los derechos de las víctimas en el proceso penal, entre éstos, a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso penal por un asesor jurídico.
Asimismo el sistema penal acusatorio reconoce a la víctima como parte del proceso con todos los derechos que ello implica; que de conformidad con la ley referida (artículo 167, fracción IV) debe haber, por lo menos, un Asesor Jurídico Federal en cada Unidad Investigadora del Ministerio Público Federal, Tribunal de Circuito y Juzgado Federal en materia Penal, así como Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior aplicado al ámbito local significa que las entidades federativas deberían tener como mínimo, un asesor jurídico en cada Agencia del Ministerio Público, cada Juzgado, cada Sala Penal y Visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, salvo disposición estatal en contrario; y que actualmente el número de asesores jurídicos en el país es insuficiente para garantizar el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas y su debida representación en el proceso penal; además, los asesores jurídicos no siempre tienen las habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Para el caso concreto de Quintana Roo, de conformidad con la ley aplicable y de acuerdo al estudio realizado, la CEAV asegura que la CEAVEQROO debe contar al menos con 65 asesoras y asesores jurídicos victimales, de ahí que “De cara a los procesos de concertación de los fondos del FASP, a celebrarse en enero de 2017, se estima conveniente contemplar la necesidad de incluir la Asesoría Local de Víctimas en Quintana Roo, dentro del proyecto de ejercicio de recursos del año entrante”.
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