*Presentan formalmente 7 nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas por más de 2 mil millones de pesos
*En cumplimiento al compromiso de Carlos Joaquín, este gobierno sancionará la corrupción de la pasada administración y no permitirá la impunidad
Chetumal.- Resultado de las auditorías realizadas a la pasada administración el Gobierno de Carlos Joaquín presentó formalmente 7 nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones por un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos, las cuales se suman a las dos denuncias por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado interpuestas el mes pasado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo.
“Es un proceso de auditorías y habrá más denuncias mientras avancen las revisiones”, señaló el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, quien junto con el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, ofrecieron una conferencia de prensa para informar que las 7 nuevas denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado son por delitos cometidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que pone de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración se presentaron de manera generalizada y organizada.
“Como el Gobernador Carlos Joaquín afirmó durante su campaña y de acuerdo al compromiso con la ciudadanía, este gobierno sancionará la corrupción de gobiernos previos y va a prevenir que no se lleven a cabo nuevas irregularidades, las que de realizarse serán severamente sancionadas”, acotó el secretario de Gobierno.
Indicó que están dando pasos firmes para combatir impunidad y corrupción con acciones concretas para que los servidores públicos hagan transparente su patrimonio, su red de relaciones y sus obligaciones fiscales, y también, de acciones para desarticular el blindaje que el anterior gobierno había construido para evadir toda responsabilidad frente a la ley.
“Para disminuir las desigualdades resulta fundamental luchar contra la corrupción, la que provoca que los recursos públicos destinados a atender las necesidades de la gente para que tenga más y mejores oportunidades terminen en los bolsillos de una cuantas personas, de unas cuantas familias o de algún grupo que los emplea para perpetuarse en el poder y repartirse el botín: Esto no lo vamos a permitir más”, recalcó.
A su vez, Rafael del Pozo confirmó que están involucrados los ex titulares de las dependencias y servidores públicos de menor rango. Explicó que en el caso de Seduvi ya se había denunciado la enajenación de predios por debajo de su valor y la aplicación de subsidios que no tienen sustento legal, lo que generó un daño patrimonial importante.
En esa denuncian se señalaron al menos 11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio del Estado. En total, dichas enajenaciones suman alrededor de nueve mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres. Y lo peor es que en algunos casos “no llegaron al 1% de su valor real”, comentó Del Pozo.
Por su parte, en Sintra la denuncia es por la contratación irregular de renta de maquinaria por más de 700 millones de pesos, de la que no hay evidencia en cuanto a la prestación del servicio, y están en proceso de investigación otros dos periodos cuya suma asciende a más de 1 mil 519 millones de pesos.
“El total de las investigaciones que estamos llevando a cabo por la renta de maquinaria es por más de 1 mil 519 millones de pesos, pero dimos prioridad a las que pudieran ser objeto de prescripción, por eso la denuncia por los 700 millones de pesos”, explicó.
El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo puntualizó que “esta administración no va a fabricar culpables ni hace persecución de absolutamente nadie; somos los más interesados”, dijo, “en garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
