-A través de la instalación de la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Migración
Solidaridad.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SESIPINNA) coadyuva con sus homólogas municipales para la instalación de la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Migración.
Durante la reunión de trabajo, la titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, Norma Gabriela Salazar Rivera, resaltó los esfuerzos por proteger a la niñez y adolescencia que transitan por el estado, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Con estas acciones se busca que autoridades de los tres órdenes de gobierno cuenten con un protocolo para atender a las personas menores de edad que transiten por el país, ya sea acompañadas o no, en estricto apego a los derechos humanos.
Salazar Rivera explicó que dicha Ruta se trata de un protocolo de atención a cualquier niña, niño o adolescente que pise suelo mexicano para garantizar sus derechos, como son alimentación, cobijo, vestido, atención médica y educación, y para ello en Quintana Roo se tiene tres espacios.
El primer espacio se ubica en Chetumal, que alberga a menores de edad que viajan sin acompañantes; el otro en Puerto Aventuras, en el municipio de Solidaridad, que atiende a familias, y el más reciente en el municipio de Benito Juárez, con capacidad para 80 personas, y que fue edificado a través de las gestiones que la gobernadora Mara Lezama realizó con instancias federales, con recursos estatales y con la participación de las autoridades municipales”, explicó.
Abundó en que en la aplicación de esta Ruta convergen autoridades estatales de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, del Sistema DIF, la Fiscalía General del Estado, entre otras, las cuales aseguran que las y los menores de edad en situación de movilidad reciban un trato digno y humanitario, apegándose a los principios establecidos por la Ley de Migración y tratados internacionales, como la Convención del Derecho del Niño.
