*Este reto de 100 días forma parte del programa Promoviendo la Transparencia de USAID
*El objetivo es fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración de los entes que integran el Sistema Estatal Anticorrupción
Cancún.- La Secretaría de la Contraloría como parte del Sistema Estatal Anticorrupción participó en el Reto 100 días Anticorrupción en Quintana Roo organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con resultados superiores a la meta en cuanto a resolución de faltas administrativas graves y no graves.
En rueda de prensa, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) Cynthia Dehesa Guzmán explicó que el Reto 100 días forma parte del proyecto Promoviendo la Transparencia de USAID para mejorar los temas relacionados con la procuración de justicia y anticorrupción en Quintana Roo. Destacó que este ejercicio innovador tiene como objetivo fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración de los diferentes órganos, dependencias e instituciones autónomas que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y que los ciudadanos tengan un rol aún más participativo y proactivo.
Por su parte, el contralor del Estado Rafael Antonio Del Pozo Dergal destacó el fortalecimiento institucional que trajo consigo el desarrollo del Reto de 100 días, ya que permitió la comunicación entre las instituciones además de sensibilizar de las tareas y competencias que tiene cada ente público del Estado.
Agregó que este ejercicio permitió la articulación entre las instituciones y establecer mecanismos de medición que llevó, a través del análisis de la actuación ordinaria de las instituciones públicas, a romper la inercia del trabajo diario y poner retos y metas que en todos los casos fueron superados en beneficio de Quintana Roo.
El secretario de la Contraloría del Estado reconoció que el éxito de este ejercicio acredita el trabajo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que asumieron tareas y responsabilidades dentro del reto para alcanzar la meta, lo que definitivamente significa poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas.
Hizo hincapié en que quedan retos para seguir consolidando este camino y uno de ellos es generar mecanismos para la rendición de cuentas que garanticen que las instituciones cumplan con los objetivos públicos y que sirvan de manera eficiente a los ciudadanos.
En cuanto a los resultados de este Reto de 100 días Anticorrupción en Quintana Roo, en el reto uno de incrementar el número de judicializaciones en materia de delitos por hechos de corrupción se realizaron pláticas de auditoría forense dirigidas a funcionarios y sociedad civil; 30 fiscales y sus equipos de trabajo fueron capacitados en materia de argumentación jurídica; 1820 acciones administrativo-jurídicas documentadas y realizadas por el Poder Judicial y que contribuyen al logro de las 65 judicializaciones; fortalecimiento de la comunicación entre el Poder Judicial y las vice fiscalías para la agenda de audiencias; apertura de un rol de jueves para programar audiencias en materia de delitos por hechos de corrupción.
Respecto al reto dos de incrementar el número de resoluciones en materia de responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo realizó 26 resoluciones de faltas administrativas lo que significa un incremento del 225 por ciento sobre la meta que eran 16. La Secretaría de la Contraloría fijo una meta de 26 resoluciones sobre su línea base que eran 13, lo que significa un aumento del 100 por ciento.
Por su parte el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se trazó una meta de 8 resoluciones de faltas administrativas graves y logró 11, lo que representa un avance del 175 por ciento.
Entre los logros obtenidos en este reto destacan las mesas de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción para la articulación de las acciones de sostenibilidad con los programas presupuestales; capacitación por parte de SECOES para las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el reto de faltas administrativas; priorizar expedientes con criterio de oportunidad en materia de declaraciones patrimoniales.