-Las y los secretarios técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción compartieron experiencias y casos de éxito durante la Octava Reunión Nacional
Cancún.- Quintana Roo fue sede de la Octava Reunión Nacional de los Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción en la que se dio seguimiento a las acciones para fortalecer la coordinación institucional en la lucha contra la corrupción.
La secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, dio la bienvenida a las secretarias y secretarios técnicos de los sistemas locales anticorrupción, así como a Roberto Moreno Herrera, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y demás asistentes.
Mencionó que en Quintana Roo, la Gobernadora impulsa una transformación profunda que va de la mano con una nueva forma de hacer las cosas y prueba de ello es el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de nuestro Estado.
En el marco de este nuevo acuerdo, y en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, el Gobierno del Estado ha elaborado el Decálogo del Servidor Público, en el que se promueve la lucha contra la corrupción y el fin de los privilegios, establecer un gobierno abierto y cercano a la ciudadanía, la vigilancia y el control social de los recursos públicos, así como el seguimiento presupuestal y programático del gobierno.
Durante esta reunión el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo presentó los trabajos de integración del estándar de competencias en materia de investigación de Faltas Administrativas, cuyo Comité de Gestión por Competencias es presidido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta reunión nacional es un espacio de intercambio de experiencias y casos de éxito que permite conocer y mejorar las practicas existentes e impulsar políticas para la efectiva fiscalización de los recursos públicos, la prevención y combate de actos de corrupción, generar mecanismos efectivos para impulsar la cultura de la ética pública y la denuncia de las conductas que sean contrarias a la legalidad.
