*Realiza la Secretaría de Gobierno conferencia en línea
*Prevención institucional requiere participación social
Chetumal. – Sólo la actuación coordinada entre gobierno, sociedad civil y academia permitirá resultados efectivos contra el delito de trata de personas, según consideró el Coordinador General para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Europeo de Investigación Criminal, Dr. Erick Gómez Tagle López.
Lo anterior, durante la conferencia en línea “Trata de personas: grave violación a los Derechos Humanos”, que fue promovido por la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, en el marco de la conmemoración por el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), destacó que también es fundamental que las políticas públicas se enfoquen a la protección integral y el empoderamiento de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, en especial mujeres, niñas y niños.
El Dr. Gómez Tagle consideró determinante la participación ciudadana, principalmente en los procesos de denuncia e identificación del delito, ya que abarca distintas modalidades de explotación (sexual, laboral, mendicidad forzada, entre otras).
Durante la conferencia se presentó un diagnóstico con datos recabados entre los años 2012 y 2017 en el que se identifican a 5 mil 245 víctimas de trata, de las cuales 85 por ciento son mujeres y niñas, mientras que el 15 por ciento restante son hombres y niños. Lo anterior significa que, si bien ambos géneros son víctimas del delito de trata de personas, no es en la misma proporción ni prevalencia.
Se señaló que Quintana Roo, el año pasado, ocupó el sexto lugar nacional en materia de víctimas de trata, según delitos del fuero común.
Por cierto, el Subsecretario de Derechos y Vinculación con la Seguridad Humana, Antonio Elías Prado Laguardia, presidió la reunión virtual de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Antonio Prado Laguardia coincidió en la importancia y necesidad de que autoridades y sociedad civil integren un frente común que permita resultados efectivos contra este delito.
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