-La Fiscalía General del Estado da a conocer que los capturados son César Gabriel “N”, Santiago “N” y Esteban “N”
-César Gabriel “N” está relacionado con tres carpetas de investigación por el delito de extorsión por “cobro de piso” en agravio de tres negocios y locales, todos ubicados en el tramo carretero Tulum-Boca Paila
Tulum.- Por su probable participación en hechos que pudieran ser constitutivos del delito de extorsión, en agravio de víctimas de identidad reservada, personal de la Fiscalía General del Estado logró la captura, en dos acciones por separado, de tres personas del sexo masculino, en los municipios de Tulum y Puerto Morelos.
En una primera acción, Policías de Investigación detuvieron a César Gabriel “N”, en un estacionamiento ubicado en la carretera Tulum-Boca Paila, lugar al que presuntamente acudió a extorsionar y amenazar a los propietarios.
Cabe mencionar que este sujeto está relacionado con tres carpetas de investigación por el delito de extorsión por “cobro de piso” en agravio de tres negocios y locales, todos ubicados en el tramo carretero Tulum-Boca Paila; las primeras investigaciones señalan a César Gabriel “N” como integrante de una banda delictiva generadora de violencia en los municipios de Tulum y Solidaridad.
En una segunda acción fueron detenidos Santiago “N” y Esteban “N”; los hechos por los que son señalados ocurrieron el 12 de febrero del año en curso, cuando arribaron a bordo de un vehículo a una obra en contracción localizada en la carretera federal Chetumal-Puerto Juárez, en el municipio de Puerto Morelos, donde exigieron a los empleados, a quienes amenazaron con arma de fuego, proporcionar el número telefónico del ingeniero encargado de la obra.
Ese mismo día, la víctima de identidad reservada, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que habían ido “los muchachos”, quienes se presentarían diariamente a la obra a vender droga y que necesitaban contactar al ingeniero para empezar a pagar su “cuota”.
Una vez concluidas las diligencias de rigor, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; en el término constitucional correspondiente determinarán su situación jurídica.