-Las acciones preventivas permitieron proteger a las familias, fomentar compras informadas y combatir prácticas especulativas durante todo el año
Chetumal.- Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses y prevenir fraudes inmobiliarios, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) boletinó durante el año un total de 116 desarrollos inmobiliarios irregulares en distintos municipios del estado, como parte de una estrategia permanente de ordenamiento territorial y transparencia.
Estas acciones representaron un beneficio directo para la ciudadanía, al brindar información clara y oportuna que permite a las y los compradores tomar decisiones informadas antes de adquirir un predio o vivienda, evitando riesgos legales, pérdidas económicas y afectaciones al patrimonio familiar. Como parte de este esfuerzo, la SEDETUS puso a disposición de la población el micrositio oficial
👉 https://desarrollo.sedetus.gob.mx/consultaDesarrollos
donde se pueden consultar los desarrollos que no cuentan con los permisos correspondientes y verificar si un predio cumple con la normatividad vigente.
Estas acciones se enmarcan en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien impulsa un gobierno cercano a la gente, transparente y comprometido con la justicia social. En coordinación con el titular de la SEDETUS, José Alberto Alonso Ovando, se ha fortalecido una política pública enfocada en generar bienestar, certeza jurídica y desarrollo urbano ordenado para las familias del estado.
Durante el año, los boletinados se distribuyeron en municipios como Tulum, Isla Mujeres, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar y Puerto Morelos, derivado de un trabajo coordinado entre la SEDETUS y los ayuntamientos, con la finalidad de disminuir la incidencia de desarrollos irregulares y frenar prácticas especulativas que afectan a la población.
Con estas acciones, la SEDETUS refrenda su compromiso de colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas, promoviendo un crecimiento urbano responsable, transparente y alineado al bienestar social, para que cada familia de Quintana Roo pueda construir su futuro con certeza y seguridad jurídica.
