Ante las diversas manifestaciones realizadas desde hace varias semanas en redes sociales y cuentas personales por parte de los directivos del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:
1.- El Gobierno de Quintana Roo, la Secretaría de Educación del estado y el Colegio de Bachilleres de Quintana Roo refrendan su compromiso institucional por cumplir y hacer cumplir el derecho a la educación de nuestras y nuestros jóvenes, plasmado ello en la Carta Magna de Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en la Ley General de Educación, el la Ley Estatal de Educación y en el objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030. Nadie por encima del derecho de los estudiantes.
2.- El presupuesto para el Colegio de Bachilleres de Quintana Roo es autorizado por el Congreso del estado y a través del Convenio Marco firmado entre los gobiernos Federal y estatal, así como en la aprobación, seguimiento y rendición de cuentas ante su Junta Directiva que es el máximo órgano de gobierno de nuestra institución, que es presidida por el Gobernador Constitucional del Estado.
3.- El ejercicio del presupuesto se audita año tras año por parte de diversos organismos federales y estatales.
4.- Los salarios y prestaciones que por ley les corresponden a los trabajadores (Directivos, docentes y administrativos) del Colegio de Bachilleres, se apegan a lo establecido y aprobado anualmente y pueden ser consultados a través de la página de Transparencia del Colegio.
5.- Las prestaciones que son reclamadas por los directivos del Colegio, no están reconocidas por el Gobierno Federal, por lo que es ilegal la demanda que se ha estado haciendo a través de las redes sociales.
6.- Las prestaciones que se reclaman se pagaban en administraciones anteriores al margen de la norma por lo que desde siempre ha sido ilegal su cobro y su exigencia, lo que causa una irregularidad de parte de quienes las cobraron, estando sujetas a sanciones de índole administrativo.
7.- Desde el año de 2017 se les hizo del conocimiento a dichos directivos que las prestaciones que reclaman no son legítimas por lo que se les informó en reunión presencial sobre el tema, de manera que esta administración gubernamental siempre les ha informado sobre dicha irregularidad, sin que hasta la fecha haya permeado el entendimiento y la razón acerca de la improcedencia de sus exigencias.
8.- Es importante que la opinión pública, pero sobre todo los padres de familia de los alumnos del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, tengan conocimiento de ello ante cualquier afectación al derecho universal de la educación de sus hijas e hijos.
9.- El Colegio de Bachilleres del estado refrenda por esta vía su apego irrenunciable con la legalidad y la transparencia en aras de mantener un subsistema y una administración gubernamental sanos, en apego y respeto a las leyes y a la prevalencia del estado de derecho.
DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE QUINTANA ROO